C.P. Nora Gabriela Barbosa Díaz
L.C.P. Laura Gutiérrez Aguilera
Sin duda, el mayor reto para quienes trabajan en la formulación de una propuesta de reforma tributaria es encontrar el adecuado balance entre equidad y eficiencia.
- Equidad en el sentido de la función redistributiva del Estado a través de la recaudación de impuestos.
- Eficiencia en relación con el costo, en términos de las distorsiones que se crean por la toma de decisiones erradas en los mercados, que significa para la economía en su conjunto la aplicación de impuestos que no consideran el principio de neutralidad.
Una estructura tributaria basada principalmente en dos impuestos complementarios uno del otro como lo fue la reforma para 2008, generó una carga administrativa mayor a la que ya de por sí tienen los contribuyentes para el pago de sus impuestos. No obstante lo anterior, es digno de mencionar que dicha reforma representó un avance importante para México desde un enfoque político, sin embargo, desde el punto de vista técnico es preocupante que ésta no corresponda a lo que el país requiere.
El esquema aprobado para 2008 es similar al vigente en 2007, dado que se mantiene el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en su estructura fundamental, únicamente se sustituyó el Impuesto al Activo (IMPAC) por el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), para gravar al 40% de los participantes que se encuentran en la economía formal. También se incorporó el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), con la finalidad de combatir a la economía informal.
El Ejecutivo Federal ha manifestado que México ha registrado por décadas una baja recaudación tributaria no petrolera, si se compara con la registrada en países con grados de desarrollo semejantes o con un ingreso per cápita similar al de México. Además de que la carga fiscal promedio que reportaron para 2004 los países de la OCDE asciende a 24.9% del PIB.
Aunado a lo anterior, el problema de la baja recaudación tributaria ha sido compensado en años pasados con ingresos petroleros elevados. Sin embargo, no es benéfico para el país el sostener y acrecentar la dependencia que hoy registran las finanzas públicas respecto de los ingresos petroleros.
Así las cosas, se presentó la iniciativa de la Ley de la Contribución Empresarial a Tasa Única, la cual, a la postre quedó finalmente como Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, más el IDE.
Ahora, después de dos años y de múltiples reformas, adecuaciones y negociaciones en la política de recaudación, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha propuesto un ISR único de 25 por ciento, así como un IVA generalizado de 15 por ciento (COPARMEX, 2010), con un grupo de productos exentos de dicho gravamen, además de eliminar la tasa cero y las exenciones. Con ello, el sector patronal se pronuncia a favor de que sólo se aplique un sólo impuesto que grave la actividad productiva, a diferencia de lo que actualmente pasa, pues las empresas tienen que determinar tanto el ISR como el IETU, implicando una doble contabilidad, dado que las bases de cálculos son distintas y esto conlleva mayor carga administrativa para las empresas.
Lo que se busca es un esquema tributario que promueva la formalidad, lo cual se puede lograr si se implementan medidas que alienten a los contribuyentes a solicitar comprobantes fiscales por las compras que realicen o por los servicios que reciban, de tal forma que si se permitiera a las personas físicas deducir cuando menos un porcentaje mínimo de dichas erogaciones, se promovería la expedición de comprobantes fiscales.
Se sabe que las reformas fiscales que se han realizado en el pasado se han enfocado principalmente a los ingresos tributarios, sin embargo, se debe considerar que los cambios deben ser abordados como una reforma hacendaria integral, que abarque tanto la parte de ingresos como la de gastos, por lo que antes de fijar un nuevo impuesto, resulta necesario dejar bien claro en qué se aplicarán los recursos que se obtengan a través de dicho gravamen.
En este año de 2010, de enero a mayo, la SHCP reportó al Congreso de la Unión que los ingresos del Gobierno Federal sumaron 882,568.7 millones de pesos, que representa un incremento de 6.1% respecto al mismo lapso del año pasado. En un informe que recibió la Comisión Permanente para su análisis, la dependencia federal señaló que las erogaciones fueron por 891,420.6 millones de pesos, que representan menos del 0.7 por ciento del total, los ingresos tributarios ascendieron a 549,852.8 millones de pesos y los no tributarios a 332,715.8 millones de pesos, es decir que hubo incrementos del 3.3% y del 11.2%, respectivamente.
De acuerdo con la SHCP, al gasto corriente del gobierno federal se destinaron 551,649.0 millones de pesos y a servicios personales 231,793.6 millones de pesos. En el reporte sobre finanzas y deuda pública, detalló que en los primeros cinco meses del año se obtuvieron recursos por 307,185.6 millones de pesos por concepto de ISR, IETU e IDE. Es decir, 9.2% más que lo recaudado en el año pasado. El objetivo último es recaudar para distribuir en lo esencial para el gasto público; los cambios se han realizado, tanto por presiones externas como internas: el dictamen fiscal ya no es obligatorio, se amplió a 4 años la vigencia de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), los contribuyentes del IETU no tendrán que incluir en su declaración mensual la información detallada de sus gastos, entre otras.
Para incrementar la recaudación a estos niveles, ya quedó demostrado que el IETU no es la solución, sino por el contrario, se requiere contar con un esquema fiscal que sea mucho más competitivo en el contexto internacional, que permita competir con ventaja en la captación de flujos de capitales, generación de inversión y creación de fuentes de empleo. Si bien es cierto, que el IETU se constituyó como un impuesto neutral y competitivo que fomenta la equidad y proporcionalidad del sistema tributario, además de proporcionar recursos adicionales de carácter permanente y estable para el financiamiento del gasto público de los tres órdenes de gobierno, aun así ha provocado distorsiones económicas.
Por lo anterior, se considera que el IETU debe abrogarse y sustituirse por un impuesto mínimo complementario de la LISR, que se calcule de manera sencilla, como puede ser el que se aplica en los Estados Unidos de América, que se calcula a partir de la misma base del ISR, eliminando algunas partidas que se pudieran considerar de privilegio.
Además se requiere por supuesto efectuar un combate frontal a la evasión y a la economía informal, que es una de las principales fuentes de evasión fiscal.
Finalmente, es importante destacar que es necesario simplificar las disposiciones fiscales, de tal forma que se facilite su debido cumplimiento, así como reducir las excesivas cargas administrativas que se imponen a los contribuyentes, en pocas palabras, hacer un sistema recaudatorio simple y sencillo.



